El juez kirchnerista federal Sebastián Casanello sostuvo que no hay pruebas para procesar a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que está preso Lázaro Báez. El magistrado además resolvió que tampoco existen pruebas para sobreseerla. Por eso, dictó la falta de mérito de la ex presidenta y ordenó una decena de nuevas medidas para seguir investigándola.

De acuerdo con Casanello, hasta hoy no hay evidencia alguna que demuestre que Cristina haya participado de las maniobras de lavado que llevaron adelante Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y los otros 18 acusados que él envió a juicio oral.

Casanello solo había citado a la ex mandataria después de que se lo ordenara la Cámara Federal. Es que para él, no había elementos que justificaran una indagatoria.

Según el juez, en cambio, el vínculo sí acreditado de Cristina Kirchner con esta causa tiene que ver con la génesis del delito: ella está acusada de haberle dado a Báez negocios espurios que le permitieron hacer la fortuna que después lavó a través de Elaskar, Fariña, “La Rosadita”, cuevas porteñas, sociedades nunca declaradas y cuentas en el exterior.

Cristina Kirchner aparece entonces en el “delito precedente” (la presunta estafa al Estado), pero ese delito ya es investigado por otro juez en la causa conocida como “Vialidad”. Según Casanello, después, en “las puntuales maniobras de lavado”, no hay pruebas de que ella haya sido parte.

Báez, sus hijos, Fariña y otros comenzaron hace dos semanas a ser juzgados ante el Tribunal Oral Federal 4. Pero Cristina no forma parte de ese debate porque el juez siempre entendió que las pruebas no alcanzaban para acreditar la vinculación de la ex jefa de Estado en la causa. Fue la Cámara Federal la que, en distintas resoluciones, fue apuntado hacia la ex jefa de Estado, hasta que finalmente ordenó que la ex presidenta fuera llamada a declarar.

El magistrado cumplió con la decisión en una indagatoria en la que la ex mandataria rechazó las acusaciones en un escrito y se refirió a la supuesta persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas. Ahora, Casanello resolvió la situación procesal con una falta de mérito: un estadio en donde no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer.

Ahora seguramente, la UIF y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, seguramente apelarán la decisión de Casanello y pedirán su procesamiento por entender que el lavado de esos 60 millones de dólares de Báez fue parte de un circuito que empezó con el otorgamiento de 3 mil millones de dólares en obras públicas al empresario santacruceño quien luego le pagaba “alquileres” por sus hoteles a los Kirchner.

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